| Sumario: | Uno de los principales parámetros para saber si el país se encamina hacia un Estado de Derecho es el funcionamiento de la administración de justicia. Este funcionamiento está determinado en gran medida por la actuación de los jueces, mejor dicho, por el ejercicio que estos hagan del poder que ha sido investidos por la Constitución y que consiste en el deber-atribución de impartir justicia y, al mismo tiempo, tutelar el respeto a los valores, principios, derechos y garantías de las partes procesales consagrados también por aquella y que persiguen preservar su dignidad como personas. El ejercicio de este poder jurisdiccional es algo novedoso dentro de la vida institucional salvadoreña y constituye, aun siendo limitado y poco comprendido, uno de los avances democráticos propiciado por las reformas jurídicopolíticas negociadas para poner fin a la guerra civil y formalizadas por los Acuerdos de Paz de 1992. Las siguientes reflexiones se relacionan con tal poder y la reacción que enfrenta de los sectores conservadores nostálgicos de dictadura empecinados en reciclar al juez en su papel anterior de servidor incondicional del gobierno de turno y convertirlo en un operador legal de una estrategia autoritaria cuyo objetivo no explícito es centralizar en manos del órgano ejecutivo
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