| Sumario: | En este artículo se realiza un análisis y reflexión que pretende esclarecer el sentido de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro en México. El objetivo es analizar si es posible medir los avances y los pasos dados en la construcción de la democracia del país en la incorporación de los derechos fundamentales en el diseño de la política criminal del secuestro y la extensión de las garantías constitucionales a todas las personas, incluidas quienes han violado la ley.
Desde la perspectiva metodológica, la presente investigación está compuesta por un elemento de orden teórico-reflexivo que, para su desarrollo, se tomó en consideración las teorías clásicas del contractualismo sobre el Estado, la perspectiva neo-constitucionalista, el ejercicio de las garantías y los derechos fundamentales de la ciudadanía, la existencia de seguridad dado que no significa necesariamente la vigencia del Estado de derecho. Además, se realiza un análisis crítico de la ley que se implementó a partir del 2010 para mitigar el delito de secuestro. Se concluye que las penas impuestas al secuestro afectan los derechos de las personas inculpadas, lo que es obvio con el endurecimiento del sistema penal.
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