| Sumario: | En Costa Rica el Estado es uno de los más grandes compradores; sus impactos potenciales sobre el ambiente por concepto de consumo de recursos, generación de residuos y emisiones son considerables. Ante esto, cada institución pública de Costa Rica está obligada mediante el Decreto Ejecutivo No. 36499-MINAE (publicado en el año 2011) a elaborar e implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), de manera que se mitiguen y controlen los impactos que se originen como parte de su quehacer organizacional. Aquí analizo el nivel de cumplimiento de las instituciones del sector público costarricense en cuanto a la elaboración e implementación de los PGAI. Se consultaron los expedientes disponibles en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), dividiendo a las instituciones en 4 categorías: a) ministerios; b) sector público descentralizado institucional; c) sector público descentralizado territorial y d) otros. Posteriormente se aplicó una herramienta de evaluación in situ en 44 instituciones, con el fin de conocer el nivel de implementación de éste programa. A marzo del 2013, el 36,2% del total de instituciones públicas habían elaborado PGAI, siendo los ministerios la categoría en donde se presentó el mayor porcentaje de cumplimiento (83,3%). En las instituciones en donde se aplicó la herramienta de evaluación se identificó una mayor implementación de los siguientes aspectos: promulgación de una política ambiental, oficialización de comisiones encargadas de trabajar en gestión ambiental, y sistematización de registros de consumos. Además se identificó la necesidad de fortalecer las acciones vinculadas con la capacitación y sensibilización de funcionarios, divulgación interna del PGAI, incorporación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios, entre otros. El puntaje promedio para las instituciones consideradas fue de 70,16 (la escala fue de 0 – 100), no hubo diferencia entre las categorías de instituciones analizadas (t-Student; p=0,684). La poca claridad respecto a la aplicación de mecanismos sancionatorios, el deficiente compromiso ambiental en muchas instituciones, y la ausencia de recursos (humanos y económicos) destinados a acciones ambientales, podrían estar afectando el cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 36499-MINAE por parte del sector público.
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