| Sumario: | Defender el medio ambiente tiene consecuencias mortales en todo el mundo, sin embargo, existe una tendencia alarmante en América Latina. Las cifras indican que entre 2002 y 2019, 1,345 personas fueron asesinadas en la región mientras protegían la tierra, el territorio y el medio ambiente, evidenciando una fuerte tradición de activismo por la naturaleza, herencia de los pueblos nativos originarios de la región. La lucha y resistencia ha trascendido en periodos históricos en función de las necesidades surgidas de las consecuencias de la depredación generada por el sistema capitalista neoliberal que favorece la reproducción de prácticas coloniales. El Salvador, no es ajeno a este contexto, dado que, cuatro personas defensoras ambientales han sido asesinadas por su lucha frente a la minería metálica en el país. A la vez, predomina un contexto que favorece la intimidación y la criminalización de la defensa de bienes comunes naturales y que vulnera los derechos de acceso a participación e información en asuntos ambientales a las comunidades en beneficio de intereses económicos empresariales. Las instituciones fallan en sus intentos por garantizar condiciones propicias para defender derechos humanos dada la ausencia de un sistema de protección integral que permita subsanar los vacíos legales y las deficiencias operativas en la ejecución de mecanismos especializados para la situación de las personas defensoras ambientales.
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