El debido proceso y el derecho de defensa en el ámbito educativo

El presente trabajo se realiza con base en tres Recursos de Amparo en los cuales se analizó si hubo cumplimiento del Principio al Debido Proceso y el Derecho de defensa durante la tramitación de los procesos disciplinarios por violencia escolar en tres centros educativos. Adicionalmente, se enfatiza...

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Bibliographic Details
Main Author: Vargas Morúa, Elizarda
Format: Online
Language:spa
Published: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica 2016
Online Access:https://revistas.uned.ac.cr/index.php/posgrado/article/view/1630
Description
Summary:El presente trabajo se realiza con base en tres Recursos de Amparo en los cuales se analizó si hubo cumplimiento del Principio al Debido Proceso y el Derecho de defensa durante la tramitación de los procesos disciplinarios por violencia escolar en tres centros educativos. Adicionalmente, se enfatiza en diferenciar la violencia escolar en general del fenómeno del bullying.Todo estudiante investigado por alguna falta disciplinaria debe tener conocimiento preciso de los hechos por los que se le investiga, las posibles sanciones y además poder acceder a las pruebas en su contra, para luego ejercer su defensa apropiadamente. La imposición de sanciones, sin respetar el orden establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, acarrea una violación al principio constitucional del debido proceso, según se puede constatar al revisar resoluciones dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, como ocurrió en los casos en estudio. Además, la Sala rechazará cualquier recurso que pretenda dirimir un conflicto entre partes, porque su labor consiste en verificar que se hayan respetado los principios y los procedimientos dentro del proceso disciplinario llevado a cabo.La trascendencia del presente estudio consiste en que a través del análisis de casos concretos llevados a la Sala Constitucional se puede aprender de materia disciplinaria y evitar incurrir en errores que cometen los centros educativos durante la tramitación de procesos.