| Summary: | El 1° de julio de 2020 se cumplieron diez años de la entrada en vigor del Código Procesal Civil y Mercantil en El Salvador; sin embargo, la fecha pasó desadvertida en medio de la reanudación de labores después de la cuarentena decretada por la pandemia del SARS-Cov2; así que, se le dio prioridad a la transformación digital del Órgano Judicial. No obstante, la ocasión es propicia para hacer un repaso de la situación en que se encuentra la reforma procesal civil y mercantil a diez años de haberse promulgado el estatuto que constituye el derecho común de las jurisdicciones de familia, laboral, ambiental, contencioso administrativo, etc.; lo que permite examinar cómo son juzgadas las cuestiones fuera del ámbito del proceso penal, que si bien requieren un tratamiento especial por la materia a ellas vinculada, utilizan un proceso que sigue pautas similares.
El autor se plantea analizar que, pese a la reforma procesal, se ha mantenido el modelo de trabajo judicial tradicional, basado en compilar información escrita en un expediente. Por lo tanto, para superar lo anterior, es necesario acoger la centralidad de la audiencia como fuente y registro de información y el concepto de la gestión judicial del caso.
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